Uno de cada seis municipios de las llamadas Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP), que fueron zonas severamente afectadas por el conflicto armado colombiano, están en riesgo por violencia de cara a las elecciones al Congreso del próximo 13 de marzo, alertó un informe divulgado este lunes.

"Como municipios en riesgo consolidado tanto de factores indicativos de fraude electoral como de violencia hemos señalado un total de 97 municipios, de los cuales 43 se encuentran en riesgo extremo, 44 en riesgo alto y 10 en riesgo medio", aseguró a Efe la directora de la ONG Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios.

La MOE pidió una atención especial de la institucionalidad hacia esos 43 municipios, entre los que se encuentran sobre todo los del Pacífico nariñense, el Bajo Cauca antioqueño (noroeste) y el Chocó (oeste), "porque prácticamente estamos hablando de la realización de elecciones en un contexto muy difícil con presencia de grupos armados ilegales".

Ahí los candidatos tienen dificultades para hacer proselitismo electoral e incluso de los electores para poder ir a elegir a sus representantes el 13 de marzo, según la MOE.

Los curules de la paz 

 

Estas CTEP deben elegir en las próximas elecciones 16 curules reservados especialmente para víctimas del conflicto, un punto que se fijó en el acuerdo de paz de 2016 con las FARC pero que hasta ahora no había sido implementado.

"Esas elecciones se llevarán a cabo solo y exclusivamente en las zonas rurales de 167 municipios del país que son precisamente los municipios donde se detectó el proceso de desmovilización de las FARC pero que actualmente mantienen altos niveles de violencia, presencia de actores armados ilegales y muy baja presencia institucional", explicó Barrios.

Estos 167 municipios elegirán 16 curules (escaños) especiales entre 403 candidatos procedentes de organizaciones sociales, de víctimas, campesinas y mujeres y de organizaciones étnicas.

La creación de los 16 escaños, denominados Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, fue aprobada en 2017 en las dos cámaras del Congreso pero como el texto final se empantanó por trabas burocráticas y finalmente no consiguió su aprobación final.

La Corte Constitucional fue la encargada de revivir en mayo de 2021 la posibilidad de que las víctimas de los territorios más afectados por el conflicto armado tuvieran una mayor representación política.

Para ello, tuvo en cuenta el grado de afectación por la violencia, la presencia de cultivos de uso ilícito y otras economías ilegítimas, los niveles de pobreza y la debilidad o falta de presencia institucional.

EFE